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VERÓNICA CASTREJÓN ROMÁN   /

 

Acapulco, 12 de noviembre de 2017

 

No. No buscan culpables, solo buscan a sus desaparecidos bajo dos prioridades: encontrarlos vivos o encontrarlos muertos; pero encontrarlos.

Así lo dejaron claro durante la marcha que efectuaron el pasado 1 de julio de este año, cuando  a voz en cuello invitaron a  automovilistas y peatones a sumarse a su causa.

Expectantes pero impávidos, los que los vieron desfilar esa tarde por la avenida Costera,  desde el  asta bandera hasta la glorieta de la Diana Cazadora, prestaron oídos sordos a su arenga: “Súmense, si nos unimos, logramos más”.

Eran 60 familiares de desaparecidos, mismo  número de integrantes que conforman a la asociación civil  Familias de Acapulco en Busca de Desaparecidos; es decir, ni un participante más, pese a que la convocatoria de apoyo a su marcha la lanzaron desde muchos días atrás en las redes sociales y a través de diferentes medios de comunicación.

Ese día, sus gargantas se quedaban secas de palabras, o se enronquecían por la emoción de la remembranza. Acá el jovencito que salió hace ya tres años para la escuela y nunca llegó; allá, la muchacha que se dirigía a su trabajo y se perdió en la parada de un camión;  y acullá, el joven maestro que iba a una fiesta y desapareció.

No buscan venganza; pero sí claman justicia o la parte de  justicia que se pueda: cuando más, que las autoridades les ayuden a buscar, que el gobierno del estado mantenga a las instituciones de atención a víctimas de la violencia en condiciones de realizar su labor,  y que diputados y senadores  legislen para allanarles  el camino de lo que se pueda recuperar.

Denunciaron que la Fiscalía General del Estado no tiene el presupuesto que se necesita  para el área de Servicios Periciales porque el personal, los recursos económicos y materiales con que cuenta  resultan insuficientes para avanzar en las investigaciones, en la identificación postmortem y en el reconocimiento de cuerpos de personas privadas de la vida hallados en fosas clandestinas.

No, no buscan culpables; solo exigen el impulso de la Reglamentación de la Ley Número 694 de Víctimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero, así como la de la Ley Número 487  para Prevenir y atender el desplazamiento interno en el estado de Guerrero, y la de la Ley 569 para Prevenir y sancionar la Desaparición Forzada de personas en el estado de Guerrero.

Todas esas reglamentaciones importantes, más la creación de la Ley con respecto de la Declaración de Ausencia y su reglamentación, a fin de que se agilicen los trámites de los juicios. Reglamentación muy relevante porque gracias a ella las familias en las que quedaron niños huérfanos y desamparados y a  cargo de abuelos o de otros familiares, puedan obtener los beneficios económicos laborales de un padre fallecido.

En el trayecto de aquella marcha, el profesor Ciro Fuentes Urióstegui informó que hasta julio de este año, había en Guerrero 500 desaparecidos, pero advirtió que la cifra aumenta día con día,  además de que hay un subregistro porque mucha gente no denuncia o no informa de su desgracia.

A la gravedad de la desaparición de personas se suma el hecho de que la edad promedio de las víctimas va de los 16 a los 35 años, jóvenes pues, cuyas vidas se ven truncadas sembrando en el corazón de sus familiares la amarga semilla de la incertidumbre.

Sí, esa incertidumbre que transformada en dolor llevó a una madre de familia a gritar hasta desgañitarse en esa marcha: “El dolor que llevamos jamás se nos va a quitar, así encontremos a nuestro ser querido porque  ya no va a estar igual. Ayúdennos, este dolor nos hace pedirle a usted, que nos ayude porque estanos sufriendo, no cierren los ojos, no nos vean de lado porque un día, dios no lo quiera, los que ahora los esperan en sus casa pueden ya no estar ahí; no esperen a que ese sitio quede vacío y a que ustedes puedan sentir este dolor que ahora sufrimos nosotros”.

Nada. La indiferencia detrás del miedo reprimido porque en el fondo queda la conciencia de que, a juzgar por los acontecimientos y las historias de las víctimas, cualquiera podría estar en la hora y el lugar inadecuados; porque hoy en día así es esto: sabes la hora a la que te vas, y calculas  la de tu regreso a casa, pero en el camino, como relatan los miembros de la asociación civil,  Familias de Acapulco en Busca de Desaparecidos,  pueden suceder muchas cosas.

“No cuestionamos a nadie, a nosotros no nos interesa quién o quienes cometieron el delito, lo único que queremos es encontrar a nuestros familiares, vivos o no vivos;  pero saber que están ahí, ahí en donde les lloramos o les llevamos flores, que están ahí y que descansan en paz”.

Viene ya la temporada de campañas electorales, muchos diputados y diputadas volverán a salir a las calles y publicarán su foto en la parte de atrás  de los camiones para solicitar votos, y dirán que tienen una estrategia contra la inseguridad y sus consecuencias porque prometer no empobrece ni obliga a nada; pero es la hora de la toma de conciencia; es la hora de ver que la sociedad civil está cambiando, que hay un cansancio por el  estado de las cosas, y si de verdad quieren, bien podrían dar el primer paso, al fin y al cabo para eso se les paga.

Las consecuencias aciagas de la inseguridad pueden paliarse con un efectivo trabajo legislativo que, al mismo tiempo que los posicionaría como candidatos,  proporcionaría a  los familiares de las víctimas desaparecidas, por lo menos un poco de alivio.

 

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